Según la RAE (el diccionario de La Real Academia de la Lengua Española), la palabra discapacidad hace primera referencia con una persona discapacitada, “quien tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas”, como el estudiar una carrera universitaria para convertirse en profesional y así auto sustentarse. Claro que, lo anterior no es tan fácil si no se cuenta con la implementación necesaria para ello ¿Tiene tu universidad la infraestructura para la total integración de nuestros compañeros, con leves dificultades físicas?
Las estadísticas del DEMRE (Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional), arrojan que aproximadamente sólo 20 jóvenes “discapacitados”, se inscriben por año para dar la Prueba de Selección Universitaria (PSU), con el fin de ingresar a alguna casa de estudios para seguir una carrera profesional. Lo anterior, deja al descubierto que existe más de algún motivo (ya sea económico o de incomodad), por el cual se ven limitados para poder seguir una vida común y corriente.
En la actualidad, no existe una cifra exacta de cuántos adolescentes buscan postular a alguna carrera universitaria. Sin embargo, de acuerdo a un estudio realizado por el Fondo Nacional de Discapacidad (FONADIS), el 50 por ciento de las personas con discapacidad, sólo ha logrado llegar hasta octavo básico, por lo que son muy pocos los que siguen con la enseñanza media y superior.
Así también, falta una fuerte discusión acerca del empleo de la PSU para las personas con “discapacidad”, puesto que no existe un diseño alternativo para quienes tienen ceguera, por ejemplo. Si la idea es implementar la frase “igualdad de oportunidades”, basta con que las autoridades de las diferentes instituciones educacionales, abran una mesa de diálogo e indaguen al respecto, con el fin de beneficiar a todos sus alumnos por igual.
Así como se explica en la página Web de la FONADIS donde dice que “considera en particular la identificación de las necesidades educativas especiales que experimentan los estudiantes, estimando recursos adicionales y complementarios, además de estrategias colaborativas y participativas por parte de todos los agentes educativos. Esto no sólo es relevante para equiparar las oportunidades sino que se transforma en el efectivo ejercicio del derecho a la educación, al propiciar la igualdad y equidad para todos y todas”.
Algunos establecimientos educativos, ya han planteado el término “Admisión Especial”, como un indicio a la integración de los estudiantes con alguna dificultad física. Así también, se puede ver a alumnos en silla de ruedas, con problemas auditivos o, incluso, visuales, cursando carreras de psicología, derecho, entre otras, siendo las más compatibles, de acuerdo a los impedimentos físicos de cada uno de ellos. Con lo anterior, también ha sido posible modificar las mallas curriculares, con el fin de que todos se encuentren en total integridad con sus estudios.