Pese al amplio rechazo que generaba, finalmente ayer fue aprobada la Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público, mejor conocida como “Ley Hinzpeter”. Este martes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en general, por 57 votos a favor, 54 en contra y una abstención. Se trató de una votación llena de polémicas y que terminó con solamente 2 puntos aprobados. El primero de ellos, sumó a los integrantes de las Fuerzas de Orden, Seguridad Pública y a funcionarios de Gendarmería, como parte de las autoridades contra las que se comete delito, mientras estén en ejercicio. El segundo punto aprobado, permite al ministro del Interior, a los intendentes y a los gobernadores, colocar querellas en caso de que se atenten en contra de algunas autoridades, y en contra de quienes provoquen desórdenes públicos. Pero fueron las normas rechazadas las que fueron objeto de mayor polémica. Finalmente, no fue aceptada la propuesta de tipificar el delito de desórdenes públicos graves, esto en caso de que se paralicen los servicios públicos de emergencia; así como tampoco cuando se interrumpa la libre circulación de las personas. Pero sin duda uno de los puntos que llamaba más la atención, era el que consideraba un agravante el asistir a una manifestación usando algo con el propósito de ocultar la identidad. Algo que si bien incluía a las capuchas, también era bastante ambiguo. Este punto también fue rechazado. El proyecto fue enviado al Senado para su segundo trámite constitucional. En esta instancia los senadores podrán ratificar lo ya aprobado por los diputados, o incorporar nuevas modificaciones.
¿Entonces ?
En definitiva ¿qué implicancias tendrá esta ley? Si bien es complejo aventurarse a predecir situaciones concretas, lo cierto es que esta normativa, en el fondo, busca criminalizar las protestas sociales. Basta con recordar su origen, luego de las masivas protestas ocurridas durante el 2011. Además, un antecedente importante lo podemos encontrar en un proyecto de Michelle Bachelet. Quizás algo de cierto podría tener aquí la frase de la otrora ministra, hoy senadora “designada”: la culpa es del gobierno anterior. Cabe recordar que la ex mandataria también había enfrentado grandes movilizaciones estudiantiles, revuelta conocida como “La Revolución Pingüina”. Luego de esto, Bachelet envió un proyecto que buscaba, por ejemplo, hacer responsable de los desmanes a los organizadores de las manifestaciones. Este tipo de normativas finalmente permiten que se traspasen los límites de algunos derechos, como el de expresión y reunión. "A nuestro juicio cualquier legislación que se dicte para el resguardo del orden público en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, puede vulnerar los derechos humanos de las personas involucradas", señaló Roberto Morales, representante de Amnistía. Por otro lado, no se trata de llenar vacíos legales. No es que los encapuchados o los desórdenes públicos estén exentos de sanciones. Porque "los elementos que quiere tipificar esta ley ya se encuentran tipificados en el Código Penal chileno", de esta forma “lo que hace es trasladar la definición de delito a un contexto muy particular, que es la protesta social", explicó Morales con respecto a la Ley Hinzpeter. Finalmente, no solamente se trata de un tema de Derechos Humanos, sino también de la real efectividad y necesidad de una ley así. “Para poder detener a esas personas se requieren otro tipo de acciones policiales, como es el trabajo previo de inteligencia. De manera tal que operativamente esta figura, en términos prácticos, no creo que tenga los resultados esperados”, opinó sobre el proyecto, el coronel (r) Pedro Valdivia. ¿Crees que es necesaria la Ley Hinzpeter?