Una de las condiciones que deben cumplir los institutos profesionales y centros de formación técnica para poder acceder a la gratuidad, es convertirse en instituciones sin fines de lucro. Y aunque este año los IP y CFT no podrán sumarse al beneficio, el Ejecutivo ya envió al Congreso el documento que permitiría a estos planteles cambiar su constitución legal. Sin embargo, tras haber revisado el contenido de la propuesta, los CFT e IP manifestaron sus primeras críticas.
Según informa hoy La Tercera, el presidente de Vertebral (Agrupación de IP y CFT acreditados), Gonzalo Vargas, aseguró que la iniciativa “obliga a los dueños de las instituciones a donar su patrimonio a la nueva corporación o fundación sostenedora”.
En esa línea, el también rector de Inacap dijo que “las actuales reglas permiten el retiro de utilidades, por lo tanto para muchos inversionistas el traspasar sus activos significa hacer una donación y perder sus bienes. Que te obliguen a hacerlo es un acto expropiatorio”.
Lo anterior, a juicio las instituciones, no es un proceso de libre elección, ya que si se convierten en instituciones sin fines de lucro pierden su patrimonio, y si no lo hacen “quedarían sin gratuidad y también sin poder recibir becas ni créditos del Estado, lo que los llevaría a la quiebra, ya que ninguna institución podría financiar los estudios de los miles de jóvenes vulnerables que están matriculados en estos CFT e IP”.
Como solución, desde Vertebral proponen que se permita a los inversionistas vender los bienes a la fundación o corporación, tal cual como se hizo con la Ley de Inclusión y los sostenedores de colegios.