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La Cámara de Diputados aprobó, durante la tarde de ayer, la Ley Corta de gratuidad en educación superior, que el lunes ingresó al Congreso con carácter de urgente. El proyecto fue respaldado con 74 votos a favor, 8 en contra y 26 abstenciones.
La iniciativa, que mantiene su carácter de discusión inmediata, busca corregir la glosa presupuestaria de gratuidad que fue objetada por parlamentarios de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional, entidad que determinó que los mecanismos para otorgar la gratuidad eran discriminatorios.
El proyecto establece la obligación de todos los planteles de estatales, y también las privadas pertenecientes al CRUCh, de otorgar gratuidad a los alumnos pertenecientes al 50 por ciento más vulnerable de la población.
En tanto, las universidades privadas acreditadas por cuatro años o más, y cuyos controladores no sean personas jurídicas con fines de lucro, también podrán ser incluidas también en el beneficio para el próximo año.
Además, esta mañana el Gobierno logró llegar a un acuerdo para evitar que parlamentarios de la bancada opositora recurran nuevamente al Tribunal Constitucional, como se había aunciado, gracias a nuevas indicaciones que garantizan, por una parte, la inclusión de IP y CFT a la gratuidad dentro de los próximos tres años y, por otro lado, el aumento de 2 mil 500 a 5 mil millones de pesos el fondo que busca que las universidades estatales mejoren sus procesos de acreditación.
Asimismo, la Ley Corta, que se ya está lista para ser votada en el Senado durante esta jornada, determina que todas las instituciones que cumplan con los requisitos mínimos para acceder a la gratuidad deben manifestar su voluntad ante el Mineduc antes de este domingo 27 de diciembre, fecha en que se realizarán las postulaciones del Proceso de Admisión a la educación superior 2016.