Reforma a la Educación Superior contempla derogar el CAE y entregar gratuidad con tope de años

Algunas de las medidas que contempla el proyecto de Ley de Educación Superior, el cual será enviado al Congreso dentro de dos semanas más, incluyen -entre otras cosas- cambios al actual sistema de financiamiento, a los criterios acreditación y a la regulación de los planteles que hoy funcionan.

De acuerdo al borrador al que tuvo acceso El Mercurio, el documento establece que las universidades estatales se incorporarán automáticamente al sistema de gratuidad, mientras que las privadas que quieran adherir a este tipo de financiamiento, deberán estar acreditadas, ser dueñas de sus inmuebles, tener transparencia activa y garantizar instancias de participación.

De esta forma las instituciones que sumen al beneficio, deberán permanecer obligatoriamente en el sistema por un periodo de 5 años.

Respecto al financiamiento de los estudiantes, el texto señala que la gratuidad cubrirá sólo la duración nominal de la carrera. Con esto, si el alumno excede el tiempo establecido en el programa, le corresponderá pagar un porcentaje del arancel, el que será regulado por una subsecretaría que considerará aspectos como la calidad y la localización del plantel, además de la vulnerabilidad de sus estudiantes.

En tanto, si el alumno demora hasta 1 año en titularse, deberá pagar el 50% del arancel regulado y si demora más 3, tendrá que financiar el 100% del valor de la carrera.

En el caso de los estudiantes que no tengan gratuidad, pero que estudien en una institución que sí la tenga, se les ofrecerá un nuevo crédito, puesto que el proyecto contempla la derogación del Crédito con Aval del Estado.

Sobre las acreditaciones, el Ejecutivo propone crear un "Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad" que estaría conformado por la Superintendencia de Educación, el Consejo Nacional de Educación, una subsecretaría de educación superior y una agencia de la calidad; estas dos últimas se crearían una vez promulgada la Ley y la agencia reemplazaría a la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Con estos cambios las certificaciones de calidad se dividirán en cuatro categorías: A, B, C, y D. La letra A corresponderá a instituciones acreditadas por el máximo de 8 años (uno más que ahora), mientras que la letra D se le asignará a las instituciones que muestren el peor desempeño.