Este lunes se conocieron algunos detalles del esperado proyecto que establecerá la gratuidad universal en la educación superior y que debiera ingresar al Congreso dentro de los próximos seis meses. De acuerdo a lo publicado hoy por La Tercera, la iniciativa plantea -entre otras cosas- que sólo los planteles que cumplan con determinados requisitos podrán optar al financiamiento estatal.
La medida que se implementará de manera gradual, contempla partir por algunas instituciones, las que deberán contar con un mínimo de años de acreditación -el cual será obligatorio bajo un sistema de gratuidad- y adscribir un compromiso público que incluye aceptar el arancel que establecerá el Gobierno. Además, deberán contar con un alumnado que pertenezca al 70% de la población más vulnerable del país.
Según el documento en el que trabaja el Ejecutivo, el estudiante que acceda a este beneficio tendrá un límite de cursos que puede reprobar y la cobertura de esta garantía asegurará la duración formal de la carrera, más un año de gracia. En tanto, quienes pertenezcan a los quintiles más altos o se hayan retrasado más allá de los estipulado, podrán acceder a un crédito que les permitirá continuar sus estudios. La idea, es que éste cuente con tasas de interés bajas y que sea contingente al ingreso.
Quienes ya estén cursando una carrera al momento de implementarse la gratuidad dejarán de pagar, aunque la iniciativa no es retroactiva, por lo que tanto los compromisos crediticios y las deudas anteriores adquiridas deberán ser respetadas y canceladas. Por otra parte, las casas de estudios que no cumplan con los requerimientos que establece el proyecto no recibirán dineros nuevos provenientes del Estado, y sólo podrán mantener los ayudas estudiantiles los alumnos antiguos.
Finalmente, el matutino adelanta que el total de la inversión que significa llevar a cabo la política de gratuidad universal, tendrá un valor de 3 mil millones de dólares al año sólo por concepto de docencia.
Fuente: La Tercera/ Imagen CC Benjamín Mejías