Ley de Transparencia: una valiosa herramienta de trabajo para los periodistas

Macarena ha decidido hacer un reportaje sobre los programas de subsidio que entrega su Municipalidad. Empieza por visitar la página web de la institución y se encuentra que en ella no están los criterios de acceso a éstos ni los montos asignados. Sabiendo que las municipalidades están obligadas por ley a publicar esa clase de información, interpuso un reclamo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), lo que obligó al municipio a subir esos datos a su portal.

Este caso ficticio refleja un posible escenario al que cualquier periodista se puede enfrentar, por ello es tan importante conocer la Ley Nº 20.285, sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, la cual regula el ejercicio de este derecho respecto de los órganos públicos.

Transparencia activa y transparencia pasiva

Todos tenemos derecho a pedir y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado en la forma y condiciones que establece la Ley de Transparencia. La cual desarrolla este derecho a través de la transparencia activa y de la pasiva.

La primera se refiere a la obligación que tienen los órganos estatales de publicar información de manera permanente, accesible y actualizada en los sitios web institucionales. Y la última tiene que ver con la solicitud de acceso a la información.

Si traspasamos esto al ejemplo inicial, el reclamo interpuesto por Macarena corresponde a uno de transparencia activa, pues el municipio no cumplió con tener la información correspondiente en su página web. Si en caso contrario Macarena hubiese solicitado los datos a la institución y ésta se niega a entregarlos, entonces la periodista puede interponer un reclamo por denegación de acceso a la información.

Sanciones que puede imponer el CPLT

El Consejo para la Transparencia tiene la responsabilidad de promover la transparencia pública, la publicidad de la formación de los órganos de la Administración del Estado y el derecho de acceso a la información.

Éste puede decretar la aplicación de multas, que van del 20 % al 50 % de la remuneración mensual, sobre la autoridad o jefe superior del órgano o servicio requerido que niegue sin fundamento el acceso a la información.

También puede existir una multa cuando no se entrega oportunamente la información. En este caso, si la autoridad o jefatura superior del órgano o servicio persiste en la actitud de no otorgar los datos requeridos, se puede aplicar el doble de las multas contempladas y la suspensión del cargo hasta por 5 días.

Según un reciente informe del CPLT, 83 funcionarios públicos han sido sancionados por infracciones en materia de transparencia, quienes debieron pagar multas por más de $21 millones al fisco desde 2009 a la fecha.

Periodismo y acceso a la información

La Ley de Transparencia ofrece herramientas que pueden ayudar a que los periodistas fiscalicen los poderes del Estado a nivel nacional, local o regional.

De acuerdo al último estudio de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Barómetro de acceso a la información, de las tres dimensiones de acceso a la información que evalúa, la confiabilidad y precisión de la información fue la mejor calificada, con un 49,3 %. Le siguen la disposición a entregar información, con un 43 %, y la entrega oportuna de información, con un 39,5 %.

Es importante recordar que esta herramienta de acceso no funciona como mecanismo para conseguir noticias instantáneas. Puede suceder que tras el primer requerimiento de información, sea necesario volver a realizar una nueva solicitud para profundizar los antecedentes recabados en primera instancia.

Por lo mismo, la paciencia, tenacidad y organización, son cualidades q todo periodista debe tener al realizar una tarea de este tipo. Además, es necesario considerar la investigación previa a la solicitud como una técnica imprescindible.

También es una buena estrategia hacer varias solicitudes de información sobre un mismo tema, a modo de red, para identificar los datos que las autoridades entregan sin objeciones.

La Ley de Transparencia, promulgada el 11 de agosto de 2008, es un instrumento que fortalece el derecho a la libertad de expresión, dificulta la corrupción y profundiza la democracia de un país, de ahí la enorme necesidad de desarrollar y proteger todas las opciones que esta legislación nos entrega y que ha potenciado un periodismo más autónomo e investigativo, sin olvidar que el punto central es ayudar y proteger a los ciudadanos.