Abusos a consumidores e insólitos fallos de la justicia

Hace un par de semanas se dio a conocer el fallo del Séptimo Juzgado de Garantía respecto al caso de la colusión de las farmacias, y el resultado fue un chiste. A los diez ejecutivos imputados de las farmacias Cruz Verde, Fasa, Salcobrand y del laboratorio Mediapharm, se les ‘condenó’ a la capacitación, por un año de clases de ética empresarial y a otorgar donaciones a ONG’s que trabajen en el área de la salud. Todo esto por concertarse para subir los precios de más 200 medicamentos.

Los imputados aceptaron la propuesta del Ministerio Público que mandata a cancelar una suma total de 250 millones de pesos a instituciones como la Liga contra la Epilepsia, Coaniquem, la Cruz Roja, y cómo es lógico sin ninguna condena efectiva de cárcel. Ante esto, cabe preguntarse si en Chile existen personas de primera y segunda categoría.

Claramente esto se presenta como algo insólito, sobretodo cuando están saliendo a la luz varios casos de abusos contra consumidores y usuarios. A este caso se le puede agregar las alzas unilaterales de La Polar, Bancoestado, Cencosud (con Laurence Golborne incluido), o los cobros abusivos de los call center.

Es decir, las prácticas de aprovechamiento se están convirtiendo en algo de todos los días, y lo que es peor, la misma Justicia no está resolviendo los casos tal como su nombre lo indica: con justicia.

El mismo fiscal Andrés Montes señaló que no tienen más atribuciones legales para buscar una sanción más dura. Un funcionario del sistema de Justicia está reconociendo que no tienen más poder para sancionar este tipo de prácticas. Esto querría decir, entonces, que el problema vendría del sistema legislativo y que serían los parlamentarios quienes tienen la responsabilidad a la hora de emitir leyes que vayan en beneficio de determinado grupo económico.

Montes agregó que la condena “es insuficiente para hacerse cargo de la colusión como un fenómeno delictivo que afecta a los chilenos”, porque cree que estamos hablando de un delito grave que debe sancionarse “drásticamente”.

Debido a lo anterior, se hace necesario saber cuáles son los vínculos que tendrían determinados parlamentarios o sectores políticos con algún grupo económico. El Estado en su conjunto es el responsable de que prácticas como estas no se cometan, y defender a los más débiles debiese ser el principal propósito de quienes administran ese Estado.

Para terminar, cabe recordar que las principales víctimas de todo este fraude son las personas que más necesitan, aquellos que no les sobra a fin de mes, muchos y muchas jubilados que necesitan medicamentos y que no tienen más opción. Por esto, y por mucho más, el fallo contra los ejecutivos de las farmacias coludidas francamente es una vergüenza.

Y a ti, ¿qué te parece todo esto?