En una medida que sorprendió a muchos y muchas, el comando de la candidata Michelle Bachelet, a través de su comisión a cargo de elaborar una propuesta en materia de educación, presentaron un documento que establece financiamiento por la vía de una reforma tributaria y el establecimiento de un nuevo impuesto que pagarían los profesionales.
La propuesta la realizó la comisión compuesta por cinco ingenieros, entre ellos por la fundadora de Educación 2020, Valentina Quiroga, y se presentó como un proyecto a largo plazo para avanzar en la gratuidad universal.
La propuesta que se le hizo llegar a Bachelet establece la necesidad de realizar una reforma tributaria. Al respecto el impuesto dirigido a los profesionales sería cobrado a personas tituladas que recibieron el beneficio de la gratuidad.
No se informó el costo que tendría la transformación que establece la gratuidad universal en educación, puesto que eso es parte de otra discusión que define el detalle de la reforma tributaria.
La comisión de educación del comando de la candidata presidencial presentó esta propuesta, a pesar de que no todos sus integrantes están a favor de la educación gratuita para todos. Valentina Quiroga, durante las movilizaciones estudiantiles de 2011 se manifestó a favor de la educación gratuita para el 70 % más vulnerable de los estudiantes.
A pesar de estas diferencias, según integrantes de la comisión, primó la posición de Bachelet que estableció la necesidad de fijar las condiciones necesarias para llegar a la gratuidad universal.
Además, se planteó la idea de poner fin efectivo al lucro en todo el sistema educacional. Al respecto, la comisión señaló que eso fue un mandato de la candidata y que la propuesta no está del todo definida.
Ante este escenario cabe preguntarse lo siguiente: ¿por qué no se hicieron todas estas reformas durante el anterior gobierno de Bachelet? ¿Por qué tener que esperar a que sean los movimientos sociales los que dicten la agenda legislativa?
Además, el impuesto a los profesionales supone avanzar en la dirección equivocada hacia la equidad. Las grandes empresas son las que deberían tributar más, para que la educación, entre otras materias, puedan llegar a los sectores que tiene más dificultades para su acceso.