Reforma tributaria en la medida de lo posible

Con las elecciones primarias ya consumadas, el escenario político de aquí a noviembre ya queda más claro. La lista de candidatos se acotó bastante, y con esto se comienzan a definir también las ofertas electorales. Dentro de ellas, la piedra angular de todos (o casi todos los candidatos) es la reforma tributaria que cimienta las bases para realizar cualquier otro tipo de cambio al sistema.

Con los resultados ya conocidos, Michelle Bachelet se presenta mediáticamente como la candidata más fuerte. Pero lo más llamativo es que tanto ella como el sector que la apoya parecen haber sufrido una especie de escarmiento que los hizo virar su discurso hacia la izquierda, o más bien hacia los movimientos sociales.

Hasta hace algunos años atrás hubiese sido impensado escuchar a importantes personeros de la Concertación hablando de Asamblea Constituyente, de educación gratuita, o de realizar una reforma tributaria más osada que involucre más impuestos para las grandes empresas.

Ante eso cabe mencionar que la crisis social encubierta que se vive en Chile (manifestada en protestas, violencia social, movilizaciones, estrés, apatía y descontento) fue la que dictó los temas en la agenda de trabajo y de discusión del mundo político tradicional.

La reforma tributaria planteada por Bachelet desató críticas y comentarios de todos los sectores. Ella planteó la necesidad de elevar los impuestos a las grandes empresas de un 20 % a un 25 % en plazo de cuatro años, la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), que corresponde a las utilidades no retiradas que genera una empresa, para de esta manera no quedar sujetas al pago de impuestos. Es decir, es una herramienta que incentiva la evasión tributaria a las grandes empresas.

Asimismo, Bachelet señaló que su propuesta incluye un impuesto a los automóviles de gran cilindrada y que utilicen diésel, un impuesto adicional a los alcoholes y la tributación del IVA a la venta de bienes inmuebles nuevos.

Según el economista Hernán Frigolett, “es una propuesta que uno hubiese esperado que fuera un poco más agresiva”. Sin embargo agregó que “tiene a favor que le da a todos los agentes la capacidad de adaptarse en cuatro años a hacer el nuevo enfoque tributario hacia el final de su administración.”

Dentro de las aristas de una reforma tributaria, se propone una reforma que apunte a aumentar el gasto público, y a establecer criterios más equitativos a la hora de tributar. Y dentro de esa línea está la propuesta de aumentar considerablemente la recaudación de impuestos que entrega la mediana y la gran minería del cobre.

Para el economista Andrés Solimano, la propuesta de Bachelet es “insuficiente”, porque no menciona el royalty a las grandes empresas mineras.

“Estamos perdiendo recursos de la gran minería del cobre, porque es un tema que está invisibilizado, no se discute, no se habla”, puntualizó Solimano.

Tal como con la educación, la Asamblea Constituyente y todas las demandas del movimiento social, la necesidad de una profunda reforma tributaria es una temática impuesta por las injusticias sociales.

Una reforma tributaria debe ir al fondo del problema existente. Debe apuntar a atacar las desigualdades sociales con un alza importante y significativa de los impuestos para las grandes empresas, que recaude las ganancias de nuestros recursos naturales para que sean invertidos para el beneficio de todos los chilenos y chilenas. La cuestión social en Chile no da para más.