¿Qué fue del proyecto de Superintendencia de Educación?

Tras la destitución del ministro Harald Beyer, el pasado 17 de abril, su sucesora, Carolina Schmidt, asumió la tarea de sacar adelante tres proyectos fundamentales para este gobierno en lo que resta de su mandato: la Superintendencia de Educación Superior, la nueva Agencia de Acreditación de la Calidad y los cambios al sistema de financiamiento.

Sin embargo, todas estas medidas que vendrían a resolver la problemática educacional planteada en las calles por los estudiantes, no satisfacen a casi ninguno de los sectores involucrados y es poco probable que vean la luz antes que asuma el nuevo gobierno.

En particular, el proyecto de Superintendencia tiene su origen en 2011 cuando aún era Ministro de Educación Joaquín Lavín. En aquella ocasión, el 5 de julio, en pleno auge de las movilizaciones, se anunció el proyecto GANE (Gran Acuerdo Nacional por la Educación), que prácticamente nació muerto, ya que a las horas de ser anunciado recibía críticas por todos lados. A eso hay que sumarle la salida Lavín, quien emigró hacia la cartera de Desarrollo Social a las 2 semanas del anuncio, el 18 de julio.

El proyecto tomó un segundo aire, en noviembre de ese año, bajo la administración de Felipe Bulnes, cuando se envío el proyecto al Parlamento. Básicamente, buscaba “fiscalizar en las materias de su competencia a los centros de educación superior”. Para ello, debía “fiscalizar el cumplimento de no realizar publicidad engañosa”; “fiscalizar la rendición de exámenes y la obtención de títulos y grados académicos”; en tercer lugar, “organizar, actualizar y administrar el registro público de socios y directores de las instituciones de educación superior”; “establecer normas y criterios para el funcionamiento de la Superintendencia”; y, finalmente, “coordinar la labor de esta entidad con las instituciones públicas de educación superior”.

Es en esta etapa cuando el proyecto comienza a ganar mayores adversarios, entre los que se cuentan los rectores de la Universidad de Chile y el Presidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi. A juicio del primero, "el proyecto en la práctica está validando el lucro con recursos fiscales en educación superior cuando eso no está permitido ", apuntó Víctor Pérez, durante la inauguración del año académico de la Chile.

Un tanto menos reticente se muestra el rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, quien ha señalado que este un proyecto necesario, “que era resistido desde el gobierno”. Agrega que “ganó importancia para el Gobierno, porque públicamente se ha fijado como un elemento de control del lucro, aunque es mucho más que eso. Como ése es el objetivo que muchas personas le asignan, pasó a ser mucho más relevante que una Subsecretaría".

Donde mayores críticas encuentra es entre los estudiantes, quienes han señalado que esta es una medida cosmética, que en nada contribuye a las demandas de fondo. "El Gobierno sigue obstinadamente defendiendo una agenda que viene a legitimar el lucro en lugar de prohibirlo; en el caso de la Superintendencia, que ataca directamente a la educación pública", dijo a radio Cooperativa, Andrés Fielbaum, dirigente de la Confech.

Actualmente, el proyecto fue aprobado en general en la Sala del Senado, pero todavía está pendiente en la comisión de educación, a la espera de su segundo trámite legislativo, que se llevará a cabo durante junio y donde recibirá las indicaciones de los parlamentarios y organizaciones ligadas a la educación.

¿Crees que se puede fiscalizar el lucro con el proyecto de la Superintendencia?