El ministro de Educación, Harald Beyer, afirmó durante la semana pasada que se descartan acreditar todas las carreras de la educación superior por los altos costos que esto significaría para el gobierno. Al respecto, el titular sostuvo que es "más interesante lograr que las carreras sean de calidad a que se acrediten todas".
Beyer afirmó que si bien es posible acreditar a todas las carreras de la educación superior, esto representa un alto costo monetario para el gobierno y que por ello se quiere optar por otro modelo que signifique mejorar la calidad de las mismas. A largo plazo, se quiere sustituir el actual patrón por un mecanismo que aún no está definido, pero que busca asegurar la excelencia de la institución, independiente de los programas específicos que ofrezca.
Además, se busca que a futuro la acreditación de las universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales sea obligatoria, proceso que actualmente es voluntario. La idea es obligar a que esas casas de estudio tengan estándares apropiados. Los títulos provenientes de aquellas que no cumplan con los modelos requeridos por la institucionalidad, no serán reconocidos por esta.
Según el ministro, la idea no es estar cerrando universidades, sino que estas estén a la altura de las nuevas exigencias impuestas por el gobierno, las que asegurarían a los estudiantes que se ofrezca educación de calidad. En el caso que aquellas casas de estudio que no estén acreditadas, tendrán un plazo de tres años para ponerse al día con los requerimientos más recientes.
Otros también abogan para que el sistema de acreditación no sea uniforme, sino que tenga especificaciones de acuerdo a los fines que tengan las distintas universidades. Por ejemplo, se deben distinguir aquellas que tengan sistemas más complejos, como las que desarrollan planes de investigaciones, de las que sólo trabajan la docencia.
A lo anterior se suma que el Consejo Nacional de Acreditación sea un organismo autónomo, como el Banco Central, con personalidad jurídica y presupuesto propio. Esto establecería exigencias especiales con los directivos y participantes del CNA, lo que finalmente lleva a constituir un organismo mucho más transparente con el dinero que se maneja, así como con los fines que persigue.
También es importante destacar que según un estudio dado a conocer por el Consejo Nacional de Educación (CNED) el mes pasado, solo uno de cada cuatro programas universitarios cuenta con acreditación, lo que representa un 23 % del total. Las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores (Cruch), son las que más validación tienen, llegando a un 36 %.
Este tema viene al caso sobre todo luego de los problemas de corrupción que presentó el CNA durante la semana pasada. Además hay que agregar que ayer finalmente fue destituido de su cargo el ministro de Justicia Teodoro Ribera, asumiendo en su lugar la subsecretaria de la cartera Patricia Pérez.
¿Qué te parece esta medida?, ¿crees que con ella se logrará elevar la calidad del sistema educacional chileno?