La Ley Dicom y su impacto en el mundo laboral

Con la entrada en vigencia de la Ley 20.575, popularmente conocida como Ley Dicom, un nuevo desafío se impone en el ámbito de los procesos de reclutamiento y selección de personal. Sí, porque esta normativa regula de manera estricta el uso de los datos bancarios y financieros de las personas, restringiendo su utilización sólo para fines comerciales.

Para el mercado del trabajo, este nuevo marco legal ha generado incertidumbre respecto a la calidad de los profesionales que se contraten, por cuanto la consulta de los antecedentes comerciales era utilizada como una medida de la idoneidad de los postulantes, muchas veces asignándole un valor excluyente en la selección de los profesionales.

Pero, como en todo orden de cosas, la prohibición del uso de estos datos también ha causado un impacto positivo en quienes se encuentran en busca de un puesto de trabajo.


“Estar en Dicom”

Sin duda, esta expresión marcó las expectativas laborales de muchas personas. Tal es el caso de Jorge Rojas, quien en 2008 postuló a un trabajo de guardia de seguridad y que, luego de pasar las pruebas técnicas y sicológicas, debió enfrentar el filtro del Dicom. Por una deuda de estudios de sólo $120 mil, el potencial empleador le dijo “o solucionas tus problemas o no puedes entrar a trabajar”, cuenta.

Como para Jorge, “estar en Dicom” se convirtió en el filtro más difícil de sortear para muchos postulantes. Incluso por deudas ínfimas, quienes estaban morosos en el registro comercial ingresaron al círculo vicioso de no poder responder a sus obligaciones comerciales debido a que no encontraban un trabajo que les ayudara a pagar sus deudas.

Según estimaciones de los impulsores de la ley, entre ellos el diputado Felipe Harboe, cerca de 1,2 millones de personas fueron afectadas en su búsqueda laboral debido a este problema ya que, a su juicio, “hasta ahora yo podía entregar el número de carné de una persona, pagar unos diez dólares y acceder a todos sus antecedentes comerciales. Ahora, eso sólo lo podrán hacer las personas jurídicas que se dediquen al comercio o a evaluar el riesgo crediticio”, afirma Harboe.

Así, la entrada en vigor de la ley ha liberado, en cierto modo, de un estigma a los deudores y ha generado una nueva responsabilidad a los encargados del reclutamiento y selección.


El desafío para los empleadores

“Esta nueva ley no afectará el empleo, el desempeño, ni la selección de cargos de mandos medios, si se mantiene una búsqueda seria y completa de los ejecutivos”. Las palabras de Ignacio González, gerente general de Mandomedio.com, reflejan confianza en la calidad de los procesos de reclutamiento de los mejores postulantes.

Pero, ¿cómo se puede asegurar la calidad de los procesos de selección? Si antes los antecedentes comerciales eran la medida de la probidad de las personas – factor que en ningún caso reflejaba esa cualidad, ya que una persona podía tener registro comercial negativo debido a una enfermedad catastrófica que le fue imposible solventar –, hoy el llamado es a desarrollar la creatividad a la hora de evaluar las competencias y habilidades de los aspirantes a un puesto de trabajo. “Esta nueva realidad exige una mirada distinta, mayor atención y desarrollar el ojo clínico del entrevistador, que los sicólogos de esta área siempre hemos tenido, pero que, tal vez, estaba un poco flojo”, comenta Birgit Nevermann, gerente general de Laborum Selección.

Así las cosas, el desafío que la Ley Dicom impone a los reclutadores es el llevar a cabo un proceso de selección altamente profesional, considerando los factores que realmente son los decisivos a la hora de contratar. Según González, es importante que “se realicen una serie de pruebas y entrevistas como las evaluaciones gerenciales, el chequeo de referencias de los candidatos, test proyectivos, y una evaluación psicológica y por competencias. Si se realiza esta indagación completa, la calidad de las búsquedas de profesionales no se verá afectada", confirma.

Si bien la ley Dicom es resistida por algunos sectores –entre ellos, la Cámara de Comercio de Santiago, que plantea que no contribuye al fomento del endeudamiento responsable -, su promulgación se traduce en nuevos estándares de transparencia e igualdad para quienes se encuentran en búsqueda laboral y, sin duda, incidirá positivamente en los índices de empleabilidad del país.