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De la mano de la creciente demanda de educación superior y el fuerte cuestionamiento del rol elitista del sistema universitario, la educación superior creció extraordinariamente en América Latina a la luz de una tendencia global. Entre 1950 y 1995 se pasó se 1,5 a 8 millones de estudiantes, periodo en el cual el número de universidades creció de 105 a más de 700 (ver Mollis, 2006).
Es así como se fue dando paso al establecimiento de nuevas instituciones y la expansión de las ya existentes. De este modo, diversas respuestas a los requerimientos sociales y productivos se expresaron en la emergencia de nuevos tipos de instituciones de educación superior fuera del sector universitario.
En aquel proceso de diversificación se establecieron instituciones como las escuelas técnicas, escuelas normales (para la formación docente) y facultades post secundarias de formación vocacional, generalmente con una oferta de programas de menor duración que en las universidades y en un amplio rango de tipos.
Actualmente este tipo de entidades se ubican como actores claves para el desarrollo. No sólo porque están ligadas a la creciente demanda de capital humano para el crecimiento de las economías locales, sino porque concentran parte importante de los estudiantes y la infraestructura educativa de la región. Además de aparecer estrechamente ligadas a la integración de las expectativas y demandas cambiantes de la sociedad y del sistema cultural.
Sin embargo, aún toca combatir aspectos reputacionales que han acompañado la emergencia de este sector. La educación técnico-profesional en particular, si bien es una alternativa a las universidades, comparativamente tiende a ser invisibilizada y definida por negación. Como aquello que la universidad no es. Mientras, la universidad tiende a figurar como sinónimo de educación superior. Este fenómeno aparece conectado con un imaginario en donde las tareas prácticas y técnicas son asociadas a las clases “trabajadoras”. Por tanto, más allá de los crecientes niveles de acceso a la educación superior, el carácter de referente de la universidad suele ser protegido por definición (ver informe “Preparándose para Trabajar” de la OECD).
En el caso chileno, el panorama de la educación superior cambió drásticamente con la creación de los Institutos Técnicos Profesionales y los Centros de Formación Técnica a inicios de los 80s. Permitiendo la ampliación del acceso, motivaciones, intereses y perfiles de más y diversos estudiantes.
No sólo en Chile sino que en la región, durante sus primeras décadas de existencia, este tipo de provisión educativa ha mostrado problemas y cuestionamientos relacionados con su carácter altamente segmentado, calidad, relevancia de la provisión e información disponible. No obstante, los planes de modernizar la educación superior y de formar con una fuerte orientación para el trabajo, ha consolidado la necesidad de potenciarla y fortalecerla.
En el competitivo sistema chileno este tipo de instituciones han mostrado una drástica disminución en el número de proveedores pero también un creciente nivel de concentración de estudiantes. Situación que en gran medida se debe a que un reducido grupo de grandes proveedores han ido consolidando su oferta educativa en calidad, pertinencia y prestigio.
Desde la comparación regional, en países del vecindario como Argentina, Uruguay y Perú lo que comúnmente se llama sector no universitario comprende formación técnico-profesional y docente, con proveedores públicos y también privados. Mientras que en Chile este tipo de provisión comprende exclusivamente la formación técnico-profesional y no cuenta con presencia de proveedores públicos. En 2009 la educación superior no universitaria en Argentina, Chile, Perú y Uruguay representó poco menos de un tercio del total de matriculados de sus respetivos sistemas.
Datos de 2011 indican que Chile ha dado un enorme salto en esta materia tras concentrar el 38% de sus estudiantes terciarios en el sector técnico-profesional, 11% más de lo registrado en 2005. Al tiempo en que las instituciones técnico profesionales sumaron 118 de las 178 instituciones de educación superior vigentes, con 45 Institutos Profesionales y 73 Centros de Formación Técnica (ver Compendio Estadístico SIES).
En vista de este escenario, los desafíos de mejorar la articulación y movilidad dentro del sistema, además de incrementar los niveles de calidad pasan a ser cruciales. La posibilidad de transitar entre los distintos tipos institucionales, complementar los estudios técnicos-profesionales en la universidad, debería ser una alternativa concreta. De ahí que la recurrente flexibilidad que se exige a los graduados en el mundo del trabajo es algo que parece digno de solicitar a las instituciones y a los hacedores de políticas públicas a la hora de trabajar en la configuración de un sistema mejor articulado.
Natalia Orellana, Investigadora Organización para Cooperación, Investigación y Desarrollo de la Educación Superior (OCIDES), Máster en Educación Superior, INCHER-KASSEL, Universität Kassel, Alemania.