Varios escucharon con alegría la posibilidad de repactar la deuda de los créditos universitarios morosos, que se anunció el 21 de mayo recién pasado. El lunes, se tomó buen rumbo, cuando el encargado de la cartera de educación, Joaquín Lavín, entraba en detalle sobre cómo, cuándo y dónde se podrá empezar con el proceso de saldar la deuda que llega, en total, por sobre los 300 mil millones de pesos.
Los deudores llegan a ser más de 110 mil ciudadanos, quienes cada uno debe al menos 2 millones de pesos y que por ley, si se es moroso, el dinero debe ser pagado de una sola vez. Dejando afuera la posibilidad de pagarlo en cuotas. Total que aumenta cada vez más por el interés del crédito. Entre las universidades que tienen más morosos se encuentran la Universidad de Chile, Universidad de Santiago y la Universidad de La Serena.
Esta deuda, hizo actuar al gobierno; quienes idearon un proyecto de ley que, eliminaría los intereses o parte de ellos y repactaría la deuda en “cómodas” cuotas según el total de la mora; eso si, con el pago de un 10% de pie.
Según el mismo Ministro, “Esta es una Ley que saldrá rápido, porque todos la queremos. Al ser aprobado, los deudores tendrán 9 meses para acercarse a las instituciones y reprogramar”, agregando que “queremos que esas personas pueda salir de DICOM pero al mismo tiempo cumplan con su responsabilidad”.
Lavín, sostuvo que “Si nosotros tuviéramos esos recursos, unos 600 millones de dólares, que se deben podríamos abaratar los otros sistemas de créditos. Queremos hacer un esfuerzo de reprogramación de deuda para poder recuperar parte de esos dineros y utilizar éstos, ya sea en becas para la educación técnica profesional o en bajar las tasas de interés del Crédito con Aval del Estado”.
En ese sentido, también se mencionó que sólo un 50% del total de las instituciones técnicas está acreditada. Es más, sólo un 43% de los Centro de Formación Técnica lo están, y sus amigos de Institutos Profesionales llega al 55%. Algo que abrió la polémica sobre la necesidad de financiar a los alumnos y no a las instituciones de instrucción académica, dejando atrás, un sistema que deja al 20% de los estudiantes que reciban el 80% de los beneficios.