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La falta de fiscalización en el sistema de enseñanza de nuestro país siempre ha sido un gran problema. Más ahora, con la gran cantidad de instituciones que imparten carreras sin las mínimas condiciones curriculares; acreditaciones aseguradas, ni los programas adecuados para formar profesionales de verdadera calidad; los que realmente necesita Chile para surgir.
Es por esta razón que hace ya bastante tiempo se viene escuchando la creación de una Superintendencia de la Educación, encargada de fiscalizar y solucionar los problemas, caso a caso, para establecer una mejora efectiva. Y pese a diversas manifestaciones, la semana pasada fue aprobado dicho proyecto de ley por la Cámara Alta.
Los disturbios, que tuvieron su escenario en el Congreso Nacional de Valparaíso, fueron protagonizados principalmente por representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), que manifestaban en contra de dicha iniciativa legal, por el traspaso de diversos tipos de funciones, referentes a educación, a privados.
Dentro de las facultades que tendría esta Superintendencia de Educación estarían las de administrar los fondos estatales en apoyo de las familias más vulnerables de nuestro territorio, además del acceso a becas y la regularización de la alta deserción existente en las casas de estudio, dispuestas a lo largo de todo Chile.
Egidio Barrera, presidente nacional de Andime, explicó a un diario nacional que, “lo que se hace es seguir externalizando las facultades del ministerio a terceros. Éstos no han dado el ancho durante todo el tiempo que han tenido a su cargo este tipo de asesorías que se están entregando. El Simce, por ejemplo, ha entregado una cantidad de información que es válida y que no se ha dado a conocer: los mejores resultados se han dado en las escuelas municipales que son apoyadas y supervisadas por el ministerio de Educación en la actualidad”
Una de la situaciones que representa transparencia en la creación de esta nueva institución, es el deber que tendrá de rendir cuentas públicas, cada ciertos periodos específicos, para evitar cualquier tipo de mal entendido dentro de los dineros que serán administrados por ésta.
Además, dentro de las fiscalizaciones que se realizarán, y en conjunto trabajo con el Ministerio de Educación, éste último podrá cerrar aquellas casas de estudio que no pasen las pruebas de calidad que se realizarán periódicamente.
¿A ti qué te parece la creación de esta nueva institución? ¿Será una buena medida? ¿Te parece correcta la facultad de fiscalización de la enseñanza a privados? Entréganos tu opinión al respecto.