Declaración Pública del Consorcio de Universidades Estatales

El día de ayer fue publicada una declaración del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) firmada con fecha 1 de Noviembre del presente año. El escrito se refiere fundamentalmente a la incapacidad de las Universidades del Estado de adquirir créditos que se extiendan por más de un período presidencial lo que las limita en cuanto a la posibilidad de mejorar su infraestructura obstruyendo el potencial desarrollo de la casa de estudios. Esta normativa sólo afecta a Universidades estatales y no a entidades privadas, que, según señala el documento, a veces obtienen incluso mayores fondos públicos que las Universidades del Estado. Incluso cita palabras textuales de la Presidenta Michelle Bachelet para validar el argumento, lo cual podría considerarse quizás un poco atrevido o una forma de medida de presión. La declaración íntegra señala lo siguiente:

Las Universidades del Estado de Chile conscientes de su misión y compromiso social con la educación superior del país, han estimado imprescindible informar a la comunidad nacional lo siguiente: 1. Que por diferentes vías los rectores hemos solicitado a las autoridades públicas que en la Ley de Presupuesto para 2010 se autorice a dichas instituciones a contratar créditos de largo plazo que les permitan mejorar su infraestructura, equipamiento y su gestión financiera con tasas de interés notablemente convenientes para el patrimonio público, dada la oferta crediticia actual. Cabe señalar que las universidades estatales carecen de facultades legales para tomar créditos por un plazo mayor a un período presidencial, lo que limita gravemente sus capacidades de inversión y desarrollo, en la búsqueda de una mejor educación universitaria para nuestros estudiantes. 2. Con esta iniciativa no estamos demandando un privilegio; por el contrario, lo único que buscamos es remover una discriminación injusta, restricción legal que no afecta a ninguna otra institución de educación superior privada, que reciben fondos públicos por vía directa o indirecta, y en algunos casos, de mayor cuantía que los otorgados a algunas universidades estatales. Además, esta medida no implicará recursos extraordinarios del Fisco, sino sólo la oportunidad de flexibilizar la gestión económica financiera que por la naturaleza jurídica de las universidades estatales, genera elevados costos de transacción. 3. Nuestras instituciones requieren una ley de quórum calificado para realizar una acción, que cualquier ciudadano e institución privada que administre responsablemente su patrimonio puede hacer; aprovechar las bajas tasas de interés para renegociar sus créditos o realizar inversiones, como construir un bien raíz o equipar su propiedad. Sin embargo, nuestras universidades reconocen que su condición de instituciones públicas no les permite total libertad y por ello, continuarán dispuestas a que se establezcan nuevos controles públicos de ser necesarios, para garantizar el cumplimiento de los objetivos que esta medida procura. 4. Los rectores de las Universidades del Estado de Chile esperamos comprensión y acogida ante esta petición, especialmente dada la preocupación de Su Excelencia, la Presidenta de la República, Señora Michelle Bachelet Jeria, quien señaló en su mensaje al Congreso Pleno y al país de 21 mayo de 2008: "el Estado debe tener un compromiso especial con la educación superior estatal. Hoy las universidades públicas enfrentan desafíos complejos y nosotros, como Estado, debemos contribuir a resolver esos desafíos". Lo mismo esperamos de los ministerios respectivos y de los señores parlamentarios, quienes han expresado transversalmente su voluntad de aprobar esta necesaria y oportuna iniciativa. 5. Finalmente, observamos con preocupación para la gestión de nuestras instituciones la falta de acción concreta a las demandas que los diferentes actores sociales han planteado a la educación superior estatal, en especial el reajuste del sector público, su relación con los aranceles de referencia, las ayudas estudiantiles y los fondos para investigación, desarrollo e innovación, como asimismo el compromiso con las humanidades, las ciencias sociales y las artes, materias que no están siendo incluidas satisfactoriamente en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2010 presentado al Parlamento.

Ocurre muy a menudo que los actores políticos 'renuevan' sus pactos con las instituciones públicas. Sin embargo, aquellas intenciones muchas veces quedan sólo en eso, no transformándose en políticas públicas que lleven a la práctica lo que se ha señalado. Es de esperar que esta declaración al menos consiga una respuesta que demuestre el interés en el tema y sea propositiva en cuanto a los pasos a seguir para lograr un crecimiento más equitativo entre las instituciones de educación superior de nuestro país.